Resumen:
El cuestionamiento popular desatado a partir del caso de Evangelina Pisco apunta directamente al fracaso de Urtubey en “reformar” la Policía y desnuda hasta qué punto ésto estuvo alguna vez dentro de sus pretensiones. Para seguir cumpliendo con los capitalistas recicló mucho del romerismo, en materia de “seguridad” no fue diferente.
En estos años de gobierno no se terminó con la vinculación mafiosa entre la policía y el narcotráfico, la prostitución o la trata de personas. Ni se ha avanzado sobre la impunidad policial, los aprietes y el gatillo fácil. En cambio sí mantuvo la Ley de Contravenciones, principal herramienta del estado para perseguir a la juventud y a los luchadores, así como tantas otras prácticas descompuestas que dan la pauta de que el aparato policial se coloca a veces más allá del propio control del estado.
Este año, incluso la ex rectora Bianchi, subsidiaria del gobierno de Urtubey y los K, denunció a la policía provincial por la salvaje represión desatada contra los que nos oponíamos al aumento del boleto. Sin embargo, al mismo tiempo y bajo su dirección, la universidad impulsaba un convenio con la Policía de la Provincia para dictar (a cargo de la Fac. de Humanidades) una licenciatura en “Seguridad Pública” que cursan estudios medios y persiguen un título de grado. Que los policías tengan un título de grado les permitiría enseñar en la educación media y hasta en la universitaria. Es decir que se corresponde con una tendencia oscurantista, regimentadota y fascistizante, impulsada por el gobierno de Urtubey para la educación provincial, en la cual se ha impuesto el dictado de religión, mientras que se prohíbe la educación sexual y se defiende el retrógrado régimen de amonestaciones.
Quienes se colocaron a la cabeza de esta iniciativa son los mismos que desde hace años vienen dirigiendo en la Universidad el proceso de vaciamiento y privatización de nuestras carreras; y que en Humanidades dirigen el negocio de los posgrados en DDHH (arancelados, por supuesto) y convenios por los que, desde cátedras particulares, se pone a los estudiantes a trabajar para el estado como parte de su “formación profesional” Este convenio es defendido por ellos, en nombre de su compromiso como educadores, como una apuesta política estratégica. Pero ya los conocemos; a sus apuestas estratégicas y compromisos sociales. En nombre de generar recursos propios que les ahorren enfrentarse al gobierno por mayor financiamiento (cuando tanto oficialismo como oposición ponen los recursos de la nación al servicio de los especuladores financieros, etc.) someten nuestra educación a las demandas del mercado y a las acreditaciones de la CONEAU. Como ya lo hicieron por el dinero de La Alumbrera el año pasado, ahora prestan al gobierno salteño un servicio similar, colocando a la universidad como garante de una estafa a la sociedad.
El gobernador que venía a poner fin al régimen de Romero y su policía represora, cuando éste ya se había vuelto intolerable para la población, terminó mostrando -más temprano que tarde- que no era más que otro garante de los negocios de la soja, las petroleras, los ingenios y los que lucran con los servicios públicos. Para seguir cumpliendo con los capitalistas recicló mucho del romerismo, en materia de “seguridad” no fue diferente.
A partir del caso Evangelina Pisco y las denuncias que le siguieron, han quedado expuestas vinculaciones concretas entre el aparato estatal, los negocios criminales y las empresas; así como la parálisis de los organismos creados por el gobierno para investigar las causas policiales como parte de su propuesta de “democratización” de las fuerza de seguridad. En este caso, la policía actuó cerrando la investigación para resguardar los intereses de los empresarios de la noche y encubrir la negligencia criminal de Aguas del Norte y el Estado. Para eso se llegó incluso a torturar a familiares y amigos de la joven con el fin de arrancarles una confesión que los incriminara como responsables de su muerte.
El cuestionamiento popular apunta directamente al fracaso de Urtubey en “reformar” la fuerza y desnuda hasta qué punto esto estuvo alguna vez dentro de sus pretensiones.En estos años de gobierno no se terminó con la vinculación mafiosa entre la policía y el narcotráfico, la prostitución o la trata de personas. Ni se ha avanzado sobre la impunidad policial, los aprietes y el gatillo fácil. En cambio sí mantuvo la Ley de Contravenciones, principal herramienta del estado para perseguir a la juventud y a los luchadores, así como tantas otras prácticas descompuestas que dan la pauta de que el aparato policial se coloca a veces más allá del propio control del estado.
Por mencionar solo otro ejemplo, en el norte como en toda la provincia, es común que para completar sus salarios de miseria los policías hagan horas adicionales como seguridad en alguna empresa. Parte de esos adicionales son retenidos por los comisarios (que controlan esas asignaciones) para engrosar verdaderos presupuestos paralelos que evaden el control del estado y se vinculan a toda clase de negocios criminales. Mientras tanto, la policía se convierte en un cuerpo identificado directamente con la defensa de los intereses de los ingenios y las petroleras, a un punto tal que para reprimir los policías usan camionetas que las empresas ponen a su disposición. En esta última semana-como en 2001-vimos cómo la policía reprimió a los desocupados de Mosconi que reclamaban ser incorporados en las petroleras.
Este año, incluso la ex rectora Bianchi, subsidiaria del gobierno de Urtubey y los K, denunció a la policía provincial por la salvaje represión desatada contra los que nos oponíamos al aumento del boleto.
Sin embargo, al mismo tiempo y bajo su dirección, la universidad impulsaba un convenio con la Policía de la Provincia para dictar (a cargo de la Fac. de Humanidades) una licenciatura en “Seguridad Pública” para cuadros de la policía que cursan estudios medios y persiguen un título de grado. Con esto pretenden introducir a un plan de estudios de 3 años que completa la formación de los policías en aikido, arma y tiro, entre otros aspectos del oficio; un mínimo de contenidos a cargo de nuestra facultad que permitiría a estos profesionales cuestionarse acerca de los Problemas Sociales Contemporáneos que movilizan al pueblo, sus Derechos Humanos, etc.
Cómo se explica esta pirueta en el momento en que se nos impone sacar conclusiones sobre el “cambio” manifiesto en el gobierno de la “esperanza”?
Quienes se colocaron a la cabeza de esta iniciativa son los mismos que desde hace años vienen dirigiendo en la Universidad el proceso de vaciamiento y privatización de nuestras carreras; y que en Humanidades dirigen el negocio de los posgrados en DDHH (arancelados, por supuesto) y convenios por los que, desde cátedras particulares, se pone a los estudiantes a trabajar para el estado como parte de su “formación profesional”
Este convenio es defendido por ellos, en nombre de su compromiso como educadores, como una apuesta política estratégica. Pero ya los conocemos; a sus apuestas estratégicas y compromisos sociales. En nombre de generar recursos propios que les ahorren enfrentarse al gobierno por mayor financiamiento (cuando tanto oficialismo como oposición ponen los recursos de la nación al servicio de los especuladores financieros, etc.) someten nuestra educación a las demandas del mercado y a las acreditaciones de la CONEAU. Como ya lo hicieron por el dinero de La Alumbrera el año pasado, ahora prestan al gobierno salteño un servicio similar, colocando a la universidad como garante de una estafa a la sociedad, con la que se pretende maquillar al aparato represivo de “progresista” cuando las luchas populares en ascenso (por el salario, la salud, la educación, etc.) enfrentan el viraje represivo del gobierno; exponiendo los límites insalvables de su discurso “democratizante” Al mismo tiempo, que los policías tengan un título de grado les permitiría enseñar en la educación media y hasta en la universitaria. Es decir que se corresponde con una tendencia oscurantista, regimentadota y fascistizante, impulsada por el gobierno de Urtubey para la educación provincial, en la cual se ha impuesto el dictado de religión, mientras que se prohíbe la educación sexual y se defiende el retrógrado régimen de amonestaciones.
Después de que se denunciaran mutuamente durantes las elecciones, por las vinculaciones con tal o cual sector del PJ; una vez resuelta la cuestión de quiénes se quedan con la caja de la universidad y la dirección del desarrollo privatista, tanto los progres como las derechas siguen con sus ocupaciones cotidianas. Mientras Claros (que ganó las elecciones con un descarado apoyo del gobierno salteño) sigue negociando con Urtubey, los “progres” derrotados retoman sus compromisos atrasados con la Lic.en Seguridad Pública. Especulan con que este acuerdo les permita disputar el monopolio que mantiene la Universidad Católica sobre el negocio de los convenios con las fuerzas de seguridad y se subordinan tras esa perspectiva.
Para concretar sus acuerdos han formado en Humanidades una comisión de docentes encargada de coordinar el convenio con la policía, proponer contenidos para el plan de estudios y formas de financiamiento, etc. Recientemente, la Decana intentó destinar recursos de facultad para designar, con un cargo de “docente invitado” ($3.500 por mes), a un representante distrital de la policía.
Desde nuestro lugar en el consejo abrimos un debate para bloquear esa posibilidad y para que los consejeros se posicionen contra el convenio mismo, que sigue sin ponerse en discusión en los órganos de cogobierno. Finalmente, la nueva conformación “opositora” del consejo y los anteriormente vacilantes (entre ellos, los representantes estudiantiles de otras fuerzas que no defendieron abiertamente ninguna posición) firmaron con nosotros un despacho en contra del pedido de la Decana. Sin embargo, sus razones fueron circunstanciales y en la mayoría de los se desentendieron de plantear una oposición de conjunto al convenio.
Esto deja abierta la posibilidad de que el convenio avance en otros términos para adaptarse a las objeciones de los consejeros. Es tal su “compromiso” que están dispuestos a jugarse en distintas variantes que van, desde crear cargos docentes parcialmente financiados con plata del gobierno provincial y de la universidad; hasta cubrirlos con docentes de la UNSa por “extensión de funciones” es decir, trabajo gratuito. Incluso, que la cursada tenga lugar fuera del campus de la universidad para evitar el repudio generalizado de estudiantes y docentes.
Su posición es insostenible, están dispuestos a jugarse por todas esas variantes y decir cualquier cosa en defensa de los pesos que puedan venir de la provincia (si es que vienen) cuando en las calles y los lugares de trabajo, una renovada tendencia de los trabajadores en sus reclamos salariales plantea mejores condiciones para la lucha de los docentes universitarios.
Nuestro desafío es generar un gran espacio de deliberación y organización (de los estudiantes, docentes, etc.) para desbaratar este nuevo armado que impulsan las camarillas (por la posibilidad de nuevos negocios con el estado y en nombre de una posición comprometida con los problemas sociales) Para ganar a la comunidad universitaria a una posición independiente del estado y sus partidos políticos, que le permita intervenir como un factor de desarrollo en las luchas de quienes hoy se oponen realmente a la destrucción de las condiciones de vida del pueblo trabajador, a la impunidad policial; contra los que vacían la educación y entregan los recursos del país. Luchas que encuentran en las calles a la policía como respuesta directa del estado a sus reclamos.
La apuesta estratégica consiste en exigir el desmantelamiento de la policía como institución que conspira contra la sociedad y poner de pie un fuerza de seguridad bajo control de la población y no del poder de los que pueden, y de hecho lo hacen, pagar sus servicios (ya sean empresarios, políticos o criminales).
• Abajo la licenciatura de (in)seguridad publica.
• Fuera la policía corrupta y represora de la UNSa.
• Abajo la les y la asfixia presupuestaria que abre paso a este tipo de negociados.
• Triplicación del Presupuesto. Gratuidad de los postgrados y articulaciones.
• Por el desmantelamiento del aparato represivo y la constitución de una fuerza de seguridad elegida y controlada por las organizaciones de derechos humanos y la población.
El cuestionamiento popular desatado a partir del caso de Evangelina Pisco apunta directamente al fracaso de Urtubey en “reformar” la Policía y desnuda hasta qué punto ésto estuvo alguna vez dentro de sus pretensiones. Para seguir cumpliendo con los capitalistas recicló mucho del romerismo, en materia de “seguridad” no fue diferente.
En estos años de gobierno no se terminó con la vinculación mafiosa entre la policía y el narcotráfico, la prostitución o la trata de personas. Ni se ha avanzado sobre la impunidad policial, los aprietes y el gatillo fácil. En cambio sí mantuvo la Ley de Contravenciones, principal herramienta del estado para perseguir a la juventud y a los luchadores, así como tantas otras prácticas descompuestas que dan la pauta de que el aparato policial se coloca a veces más allá del propio control del estado.
Este año, incluso la ex rectora Bianchi, subsidiaria del gobierno de Urtubey y los K, denunció a la policía provincial por la salvaje represión desatada contra los que nos oponíamos al aumento del boleto. Sin embargo, al mismo tiempo y bajo su dirección, la universidad impulsaba un convenio con la Policía de la Provincia para dictar (a cargo de la Fac. de Humanidades) una licenciatura en “Seguridad Pública” que cursan estudios medios y persiguen un título de grado. Que los policías tengan un título de grado les permitiría enseñar en la educación media y hasta en la universitaria. Es decir que se corresponde con una tendencia oscurantista, regimentadota y fascistizante, impulsada por el gobierno de Urtubey para la educación provincial, en la cual se ha impuesto el dictado de religión, mientras que se prohíbe la educación sexual y se defiende el retrógrado régimen de amonestaciones.
Quienes se colocaron a la cabeza de esta iniciativa son los mismos que desde hace años vienen dirigiendo en la Universidad el proceso de vaciamiento y privatización de nuestras carreras; y que en Humanidades dirigen el negocio de los posgrados en DDHH (arancelados, por supuesto) y convenios por los que, desde cátedras particulares, se pone a los estudiantes a trabajar para el estado como parte de su “formación profesional” Este convenio es defendido por ellos, en nombre de su compromiso como educadores, como una apuesta política estratégica. Pero ya los conocemos; a sus apuestas estratégicas y compromisos sociales. En nombre de generar recursos propios que les ahorren enfrentarse al gobierno por mayor financiamiento (cuando tanto oficialismo como oposición ponen los recursos de la nación al servicio de los especuladores financieros, etc.) someten nuestra educación a las demandas del mercado y a las acreditaciones de la CONEAU. Como ya lo hicieron por el dinero de La Alumbrera el año pasado, ahora prestan al gobierno salteño un servicio similar, colocando a la universidad como garante de una estafa a la sociedad.
El gobernador que venía a poner fin al régimen de Romero y su policía represora, cuando éste ya se había vuelto intolerable para la población, terminó mostrando -más temprano que tarde- que no era más que otro garante de los negocios de la soja, las petroleras, los ingenios y los que lucran con los servicios públicos. Para seguir cumpliendo con los capitalistas recicló mucho del romerismo, en materia de “seguridad” no fue diferente.
A partir del caso Evangelina Pisco y las denuncias que le siguieron, han quedado expuestas vinculaciones concretas entre el aparato estatal, los negocios criminales y las empresas; así como la parálisis de los organismos creados por el gobierno para investigar las causas policiales como parte de su propuesta de “democratización” de las fuerza de seguridad. En este caso, la policía actuó cerrando la investigación para resguardar los intereses de los empresarios de la noche y encubrir la negligencia criminal de Aguas del Norte y el Estado. Para eso se llegó incluso a torturar a familiares y amigos de la joven con el fin de arrancarles una confesión que los incriminara como responsables de su muerte.
El cuestionamiento popular apunta directamente al fracaso de Urtubey en “reformar” la fuerza y desnuda hasta qué punto esto estuvo alguna vez dentro de sus pretensiones.En estos años de gobierno no se terminó con la vinculación mafiosa entre la policía y el narcotráfico, la prostitución o la trata de personas. Ni se ha avanzado sobre la impunidad policial, los aprietes y el gatillo fácil. En cambio sí mantuvo la Ley de Contravenciones, principal herramienta del estado para perseguir a la juventud y a los luchadores, así como tantas otras prácticas descompuestas que dan la pauta de que el aparato policial se coloca a veces más allá del propio control del estado.
Por mencionar solo otro ejemplo, en el norte como en toda la provincia, es común que para completar sus salarios de miseria los policías hagan horas adicionales como seguridad en alguna empresa. Parte de esos adicionales son retenidos por los comisarios (que controlan esas asignaciones) para engrosar verdaderos presupuestos paralelos que evaden el control del estado y se vinculan a toda clase de negocios criminales. Mientras tanto, la policía se convierte en un cuerpo identificado directamente con la defensa de los intereses de los ingenios y las petroleras, a un punto tal que para reprimir los policías usan camionetas que las empresas ponen a su disposición. En esta última semana-como en 2001-vimos cómo la policía reprimió a los desocupados de Mosconi que reclamaban ser incorporados en las petroleras.
Este año, incluso la ex rectora Bianchi, subsidiaria del gobierno de Urtubey y los K, denunció a la policía provincial por la salvaje represión desatada contra los que nos oponíamos al aumento del boleto.
Sin embargo, al mismo tiempo y bajo su dirección, la universidad impulsaba un convenio con la Policía de la Provincia para dictar (a cargo de la Fac. de Humanidades) una licenciatura en “Seguridad Pública” para cuadros de la policía que cursan estudios medios y persiguen un título de grado. Con esto pretenden introducir a un plan de estudios de 3 años que completa la formación de los policías en aikido, arma y tiro, entre otros aspectos del oficio; un mínimo de contenidos a cargo de nuestra facultad que permitiría a estos profesionales cuestionarse acerca de los Problemas Sociales Contemporáneos que movilizan al pueblo, sus Derechos Humanos, etc.
Cómo se explica esta pirueta en el momento en que se nos impone sacar conclusiones sobre el “cambio” manifiesto en el gobierno de la “esperanza”?
Quienes se colocaron a la cabeza de esta iniciativa son los mismos que desde hace años vienen dirigiendo en la Universidad el proceso de vaciamiento y privatización de nuestras carreras; y que en Humanidades dirigen el negocio de los posgrados en DDHH (arancelados, por supuesto) y convenios por los que, desde cátedras particulares, se pone a los estudiantes a trabajar para el estado como parte de su “formación profesional”
Este convenio es defendido por ellos, en nombre de su compromiso como educadores, como una apuesta política estratégica. Pero ya los conocemos; a sus apuestas estratégicas y compromisos sociales. En nombre de generar recursos propios que les ahorren enfrentarse al gobierno por mayor financiamiento (cuando tanto oficialismo como oposición ponen los recursos de la nación al servicio de los especuladores financieros, etc.) someten nuestra educación a las demandas del mercado y a las acreditaciones de la CONEAU. Como ya lo hicieron por el dinero de La Alumbrera el año pasado, ahora prestan al gobierno salteño un servicio similar, colocando a la universidad como garante de una estafa a la sociedad, con la que se pretende maquillar al aparato represivo de “progresista” cuando las luchas populares en ascenso (por el salario, la salud, la educación, etc.) enfrentan el viraje represivo del gobierno; exponiendo los límites insalvables de su discurso “democratizante” Al mismo tiempo, que los policías tengan un título de grado les permitiría enseñar en la educación media y hasta en la universitaria. Es decir que se corresponde con una tendencia oscurantista, regimentadota y fascistizante, impulsada por el gobierno de Urtubey para la educación provincial, en la cual se ha impuesto el dictado de religión, mientras que se prohíbe la educación sexual y se defiende el retrógrado régimen de amonestaciones.
Después de que se denunciaran mutuamente durantes las elecciones, por las vinculaciones con tal o cual sector del PJ; una vez resuelta la cuestión de quiénes se quedan con la caja de la universidad y la dirección del desarrollo privatista, tanto los progres como las derechas siguen con sus ocupaciones cotidianas. Mientras Claros (que ganó las elecciones con un descarado apoyo del gobierno salteño) sigue negociando con Urtubey, los “progres” derrotados retoman sus compromisos atrasados con la Lic.en Seguridad Pública. Especulan con que este acuerdo les permita disputar el monopolio que mantiene la Universidad Católica sobre el negocio de los convenios con las fuerzas de seguridad y se subordinan tras esa perspectiva.
Para concretar sus acuerdos han formado en Humanidades una comisión de docentes encargada de coordinar el convenio con la policía, proponer contenidos para el plan de estudios y formas de financiamiento, etc. Recientemente, la Decana intentó destinar recursos de facultad para designar, con un cargo de “docente invitado” ($3.500 por mes), a un representante distrital de la policía.
Desde nuestro lugar en el consejo abrimos un debate para bloquear esa posibilidad y para que los consejeros se posicionen contra el convenio mismo, que sigue sin ponerse en discusión en los órganos de cogobierno. Finalmente, la nueva conformación “opositora” del consejo y los anteriormente vacilantes (entre ellos, los representantes estudiantiles de otras fuerzas que no defendieron abiertamente ninguna posición) firmaron con nosotros un despacho en contra del pedido de la Decana. Sin embargo, sus razones fueron circunstanciales y en la mayoría de los se desentendieron de plantear una oposición de conjunto al convenio.
Esto deja abierta la posibilidad de que el convenio avance en otros términos para adaptarse a las objeciones de los consejeros. Es tal su “compromiso” que están dispuestos a jugarse en distintas variantes que van, desde crear cargos docentes parcialmente financiados con plata del gobierno provincial y de la universidad; hasta cubrirlos con docentes de la UNSa por “extensión de funciones” es decir, trabajo gratuito. Incluso, que la cursada tenga lugar fuera del campus de la universidad para evitar el repudio generalizado de estudiantes y docentes.
Su posición es insostenible, están dispuestos a jugarse por todas esas variantes y decir cualquier cosa en defensa de los pesos que puedan venir de la provincia (si es que vienen) cuando en las calles y los lugares de trabajo, una renovada tendencia de los trabajadores en sus reclamos salariales plantea mejores condiciones para la lucha de los docentes universitarios.
Nuestro desafío es generar un gran espacio de deliberación y organización (de los estudiantes, docentes, etc.) para desbaratar este nuevo armado que impulsan las camarillas (por la posibilidad de nuevos negocios con el estado y en nombre de una posición comprometida con los problemas sociales) Para ganar a la comunidad universitaria a una posición independiente del estado y sus partidos políticos, que le permita intervenir como un factor de desarrollo en las luchas de quienes hoy se oponen realmente a la destrucción de las condiciones de vida del pueblo trabajador, a la impunidad policial; contra los que vacían la educación y entregan los recursos del país. Luchas que encuentran en las calles a la policía como respuesta directa del estado a sus reclamos.
La apuesta estratégica consiste en exigir el desmantelamiento de la policía como institución que conspira contra la sociedad y poner de pie un fuerza de seguridad bajo control de la población y no del poder de los que pueden, y de hecho lo hacen, pagar sus servicios (ya sean empresarios, políticos o criminales).
• Abajo la licenciatura de (in)seguridad publica.
• Fuera la policía corrupta y represora de la UNSa.
• Abajo la les y la asfixia presupuestaria que abre paso a este tipo de negociados.
• Triplicación del Presupuesto. Gratuidad de los postgrados y articulaciones.
• Por el desmantelamiento del aparato represivo y la constitución de una fuerza de seguridad elegida y controlada por las organizaciones de derechos humanos y la población.
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