Rondando las 18:30 del miércoles 23 de junio, dos oficiales de la Policía Federal pasaron corriendo por el hall de la facultad de humanidades, con dirección al predio del colegio secundario IEM (colegio secundario de la Universidad Nacional de Salta). Algunos estudiantes de la facultad, alertados por el comportamiento irregular de los policías, los siguieron y advirtieron la presencia de un falcon blanco conducido por un hombre alto, vestido con campera negra y pantalón negro, que además de no portar una identificación visible se encontraba armado (dentro del campus universitario). El agente al cual pertenecía dicho vehículo tenía demorados a dos jóvenes. Cuando los otros dos sub-oficiales llegaron al lugar, comenzaron una requisa de las mochilas y pertenencias de los chicos. Ante este accionar, los estudiantes quisieron informarse acerca de lo que estaba sucediendo, por lo que el Sargento Yapura, encargado del operativo, se aproximó. El mismo les explicó a los estudiantes que por “sospecha” habían seguido a los jóvenes hasta la zona de los invernaderos, aledaña a la facultad de Humanidades. Allí, supuestamente[1], les habían encontrado marihuana, pero ante las preguntas de los estudiantes sobre la legalidad de una requisa sin orden u autorización de rectorado, los policías se justificaron diciendo que habían “invitado” a los chicos a mostrarles lo que había en sus mochilas. Otra versión policial de lo sucedido, es que al llegar los agentes al lugar donde se encontraban los jóvenes, hallaron, sobre la “mesa” -una piedra grande colocada sobre otras piedras- alrededor de la cual estaban sentados, sustancias “probablemente ilegales”.
Indagando un poco más, los estudiantes se dieron con que la fuerza policial no había notificado del operativo a las autoridades universitarias pero ya un móvil federal estaba en camino y con intenciones de llevarse a los jóvenes a las dependencias de la policía federal. El sargento Yapura afirma que no es su deber comunicar a Rectorado sino a sus superiores, siendo estos los responsables de notificar a la institución universitaria.
Los estudiantes se movilizaron inmediatamente para contactar a las autoridades de la institución educativa. Se presentaron ante el rector de la Universidad manifestándole lo que estaba ocurriendo y solicitando su presencia en el lugar del procedimiento policial. El Sr. Rector Víctor Hugo Claros agradeció la preocupación de los estudiantes, prefiriendo anoticiarse a través del informe que la policía le pasaría luego. Producto de la insistencia estudiantil, rectorado terminó asignando a uno de los abogados de la universidad para que se haga presente.
Paralelamente la Vice-decana Fortuny, Liliana y El secretario Académico Marchioni, ambos de la Facultad de Humanidades, a pesar de que todo el asunto quedaba fuera de su jurisdicción directa, acuden alertados por los estudiantes. Ante su presencia, y habiendo llegado ya el móvil de narcóticos para hacer el análisis químico de la supuesta sustancia, la policía comienza la requisa, esta vez, “oficial”. Cabe aclarar que solo cuando se hace presente la Vice-decana dan a conocer que se encontraban accionando sobre la base de un aviso anónimo.
Durante el procedimiento, ante los ojos de estudiantes y docentes, no se encuentra en ninguno de los chicos demorados rastro alguno de sustancias ilegales. Testigos de esto son: La vicedecana, el secretario académico, el abogado mandado por rectorado que acababa de llegar y una veintena de estudiantes profundamente preocupados por la cantidad de violencia que se estaba desplegando sobre aquellos chicos. Finalmente aparecería de debajo de una tapa de cemento un atado dentro de una bolsita de pañuelos desechables que los efectivos policiales identificaron como marihuana. En ese momento se abre uno de los debates que atravesarían las casi tres horas que duró la disputa de los estudiantes con la policía; el no perder de vista ni siquiera un instante a estos dos menores.
Tras el supuesto hallazgo, la policía intentó llevarse detenidos a los jóvenes y realizar el acta correspondiente en la dependencia federal, por lo que los estudiantes, junto a Liliana Fortuny, insistieron que se realice la misma en el vice decanato de la facultad de humanidades. Habiendo cedido y disponiéndose a labrar el acta en la facultad, los agentes dijeron que no podían llevar a los chicos a pie, más allá de que el despacho ofrecido se encontrase a tan solo 100 metros. Dos estudiantes mujeres decidieron subirse a la patrulla para asegurarse de que la misma llegara a destino.
Ya en el despacho, se procede a iniciar con la redacción del acta. En la misma la policía expone su versión de los hechos, comienzan a aparecer actores y situaciones que hasta el momento no existían. Los uniformados arguyen que una estudiante de ciencias económicas les informó que dos jóvenes la habían asustado a la salida del baño. En un principio era el baño de la facultad de ciencias económicas, luego de humanidades y por último el de los anfiteatros. La descripción de los individuos que para la policía eran sospechosos, fue la siguiente: dos chicos, uno con buzo blanco y otro con buzo azul. Esto fue suficiente motivo para que los agentes busquen parecidos entre los estudiantes de la facultad de humanidades. Luego, el acta pasa directamente a hablar de la requisa formal. Interesante detalle es que más de media hora de la historia se ha perdido, ha sido desaparecida. De esta forma no se registran en el acta datos importantes que se deben tener en cuenta a la hora de analizar el proceder de la institución policial, como el falcon blanco o auto de civil con el cual el operativo fue llevado a cabo, la falta de identificación de los sub-oficiales, la primera requisa o intento de una, etc.
Acá también se formula una tercera versión de los hechos; el oficial de negro comienza a seguir a los chicos desde unos baños de los anfiteatros hasta la facultad de humanidades. En principio estos eran entredichos entre los policías, que éstos comentaron a los estudiantes, pero finalmente tampoco quedó constancia en el acta de que hayan seleccionado discrecionalmente jóvenes de entre los cientos de estudiantes que a aquellas horas transitan esos espacios.
Al calor de tantos datos y situaciones nuevas, es que crece hasta concretarse en acta ese supuesto aviso anónimo de una estudiante de ciencias económicas, quien habría alertado a los guardias de que “dos jóvenes la habían hecho asustar en los baños”. Durante la primera lectura del acta esas fueron las palabras. Este aviso fue registrado sin nombre, sin libreta universitaria ni número de DNI por parte de la denunciante. Las versiones de porque los policías comenzaron a sospechar de los chicos y que intentan validar el operativo, hasta el momento son varias, suficientes y contradictorias.
En el pasillo anterior al hall de las oficinas del decanato y vice-decanato, los estudiantes comenzamos a charlar con el abogado universitario Muinoz, asignado para el operativo. El mismo manifestó que los chicos se habían equivocado al “mentir” (conjetura solo sostenida por el abogado) diciendo que eran menores de edad, argüía que si hubiesen dicho la “verdad” declarando su “real” mayoría de edad, los policías los hubiesen dejado en libertad. El señor Muinoz en ningún momento se manifestó en duda sobre la culpabilidad de los chicos, que posteriormente se confirmó eran menores. Tampoco intentó averiguarlo preguntándonos a los testigos “iniciales” de los hechos, ni siquiera a los jóvenes en cuestión. En estas charlas informales también nos informó que todo sería más simple si los chicos fuesen estudiantes de la universidad ya él podría exigir, como abogado de la institución nacional, que no se los lleven. Una vez confirmado que los menores eran estudiantes del IEM, el abogado no realizó ningún intento para impedir la detención de los jóvenes.
Mientras es labrada el acta, los estudiantes que rodean a los agentes y a los sospechados se cuestionan y cuestionan al abogado presente acerca del destino, todo el tiempo, incierto de los chicos que contestan desde sus sillas las preguntas de los oficiales, dando sus nombres, su apellido, los de los padres que no se encuentran allí. Por toda respuesta el abogado asignado (el coordinador Muinoz) ratificó lo que más temían todos l@s jóvenes allí reunid@s; finalmente, a l@s chicos se los llevaban.
El encargado de “Drogas Peligrosas” pasó a hacer una demostración pública del procedimiento químico mediante el que, supuestamente (si, otra vez), puede definirse si una sustancia es marihuana o no. La “evidencia” en cuestión es manipulada (con fuego) cierta cantidad de veces hasta que aparentemente se produce el cambio de color esperado, lo cual no sucede con todas las muestras tomadas[2]. La policía continua el labrado durante más de una hora, el abogado presente hace varias llamadas y la inquietud va creciendo entre los testigos que se niegan a ser mudos. Finalmente, la tensión desborda a los presentes y el silencio que nunca se mantuvo termina por ser definitivamente quebrantado por tod@s l@s que no estaban dispuestos a dejar que los chicos fueran trasladados solos a dependencias federales, entre cinco policías. Es entonces, cuando los murmullos y susurros incrédulos se convierten en posiciones y decisiones en bocas y cuerpo de varios de los presentes, que se produce la primera y única intervención abierta del Abogado Muinoz, haciendo pública la incomodidad que suscita en él la resistencia que percibe en los estudiantes.
En una intervención que ha sido registrada, el abogado reforzó los derechos de los oficiales recordándole a los estudiantes presentes que era altamente irregular su presencia allí y que podían ser desalojados por las autoridades, él entre ellas. Ante la pregunta que se le formula acerca de si era esa su intención prefiere no responder señalando que nadie, a excepción de él, la vice-decana y el secretario académico, tenía razón de ser en aquella sala. Los estudiantes no dejan sin contestación las declaraciones alegando no solo que ellos también son autoridad (se hallan presentes miembros del Centro de Estudiantes y del Consejo Directivo de la facultad de Humanidades) –a cuya observación el abogado le contestó a la estudiante: “te felicito”- sino que no están dispuestos a aceptar un protocolo que carece de sentido dado que en ningún momento se habían establecido cargos o acusaciones contra los chicos demorados. El abogado literalmente declara que por él pueden llevarse a los chicos, que él ya “ha perdido la paciencia”, l@s estudiantes terminan exigiendo que ante los hechos (o la falta de ellos) se notifique a los padres inmediatamente y que no se de curso al traslado hasta que los mismos logren hacerse presentes. A razón de ello la discusión se prolongó llegándose, por primera vez, a mencionarse la existencia de un juez responsable con el cual se sostiene desde entonces más de una conversación telefónica. Se consulto con él la viabilidad de “dejar ir a los chicos con los padres”, y esto porque ante los alegatos de la falta de cargos, el traslado no pudo ser argumentado coherentemente, la solicitud sería fuertemente discutida por el abogado y la policía pero finalmente obtenida ya que los estudiantes abrían comenzado a hacer las llamadas que consideraban correspondientes desde que fue planteada la idea.
La impresión que nos quedó a muchos de los estudiantes presentes aquella noche fue que nuestro único posible defensor legal estaba parado de la vereda del frente. Para este hombre fue más importante defender "la autoridad" que a dos menores de edad estudiantes dependientes de la Universidad Nacional de Salta.
Recién después de dos horas de operativo los sub-oficiales anoticiaron a los presentes de que había una autoridad superior a ellos a cargo de las maniobras. En un principio los uniformados no dejaban ni siquiera a la vice-decana entablar una conversación con el supuesto Juez.
Momentos más tarde arriba la madre de uno de los muchachos quien al no encontrar cargos definidos se pliega al disgusto de los estudiantes presentes negándose al traslado y demandando la inmediata liberación de su hijo. Aproximadamente cuarenta minutos después el padre del otro chico llega a la facultad solicitando lo mismo.
Los universitarios testigos, a quienes no se nos había tomado declaración, pedimos por quinta o sexta vez que se incluyan nuestros testimonios como parte del acta. Se nos vuelve a negar la petición, pero esta vez toman los nombres de tres estudiantes y nos dicen que pasemos por la central provincial de la Policía Federal en la calle Santiago del Estero. En los intentos anteriores hasta nos dijeron que los acompañáramos junto con los menores a la dependencia.
Antes de las firmas se lee nuevamente el acta, el oficial no identificado que vestía ropa deportiva y tenía una estatura considerablemente baja, leyó claramente que los oficiales habían acudido a la denuncia de una joven que decía haber sido asustada por intento de robo. Ahora si cambiaba bastante el susto inicial de la primera joven en relación al susto de la segunda joven, la de la segunda lectura.
Después de las dos intervenciones de los padres, la policía y el abogado no discutieron mucho más, cambiaron la actitud que tenían para con los dos jóvenes y firmaron el acta.
Por último casi tres horas después de que una estudiante universitaria hubiera avistado la patrulla circulando por la universidad y decidiera seguirla, los chicos del IEM en compañía de sus tutores se retiraron al fin, seguidos de cerca por los estudiantes aliviados y cansados, por la Vicedecana y el Secretario Académico, que mientras comentaban algunas de las dudas que les dejaba la situación vivida, vieron como entre los cinco autos que abandonaban el predio arrancaba también un Falcon blanco.
Esta crónica no pretende dar cuenta de un crimen, como pueden aprontarse a hacer otros medios, los grandes medios de comunicación y más de una voz oficial con ansias de satisfacer los ávidos oídos de un sentido común que ha olvidado que emergió del silencio al que somete a otros sentidos que le resultan muy yutos, muy negros, muy chorros, muy indios, muy hippies. Esta narración pretende recuperar tres, cuatro o cuantas versiones de lo sucedido fueron ofrecidas esa noche, cuantas contradicciones lógicas se hilaron para cubrir lo que nunca se dejó de denunciar, que todo aquello era un episodio no del consumo de una sustancia cuya legalidad o ilegalidad esta siendo debatida, sino de la prepotencia.
Ese día se disputó la potestad de la policía sobre los cuerpos de quienes estamos en la universidad, estudiando, dando clases, militando, jugando a la pelota... se disputo ese límite hoy demasiado fino pero crucial entre la prepotencia y el control que ejerce la cana en todos los otros ámbitos de nuestra cotidianeidad.
No es una crónica para discutir si los jóvenes consumieron o no alguna sustancia. Esta crónica es para demostrar que por la forma en la cual procedieron estos policías no podremos saberlo jamás. Esta crónica evidencia que para gente que procede de la forma en la cual estos sub-oficiales lo hicieron, es más importante preponderar sobre otros y someter a dosificaciones de violencia a otros, que encontrar realmente delincuentes. Esta gente, antes que intentar darnos seguridad al no dejar que entren ladrones, nos violentan a todos asustándonos junto con los ladrones, intentando hacernos creer que pueden tratarnos como quieren, que tienen esa potestad sobre nosotros. ¿Será el precio de la seguridad la certeza de que pueden hacernos lo que quieren? ¿No es supuestamente para que no nos pase eso que trajeron a la policía adentro de la UNSa?
[1] Decimos supuestamente porque no se mostró a ningún estudiante y en ningún momento la sustancia, y en el acta policial tampoco queda constancia de este hallazgo.
[2] De los tres intentos solo en uno la sustancia reaccionó tomando el color esperado.