En Argentina hay más de 6.000 luchadores sociales procesados: obreros huelguistas como los trabajadores de Kraft o los petroleros de Sta. cruz, desocupados, estudiantes, campesinos y aborígenes que defienden sus tierras, miembros de asambleas ambientalistas, etc. Los cargos que pesan sobre ellos van desde “atentar contra el derecho a circular” a la "usurpación de la propiedad privada", hasta "privación ilegal de la libertad". Pero no se trata de un problema desde el punto de vista constitucional, uno estrictamente legal de “un conflicto de derechos” entre el derecho a peticionar y el derecho a circular... es un problema político.
En efecto, el Código Penal se utiliza abundantemente por parte del gobierno nacional y provinciales para judicializar y criminalizar la protesta social. Desde el gobierno nacional se lleva adelante una intensa acción política, no sólo a través de importantes (y bocones) funcionarios nacionales sino también de boca de la misma presidenta, orientada a atacar a las luchas obreras y populares convirtiéndolas en causas penales. Convirtiendo a sus protagonistas en “boicoteadores del modelo”.
A esta campaña política contribuyen también los grandes medios de comunicación opositores, los que no reaccionaron cuando las entidades patronales ruralistas pusieron sus hilux en las rutas.
De hecho, si se puede plantear de que todos los que luchamos y militamos contra la destrucción de la educación, de la salud, en contra de los despidos y ataques laborales y la organización sindical, los que nos preparamos para enfrentar los tarifazos boicoteamos este modelo K. Y es frente a esta intervención de los trabajadores y la población para defender sus derechos y condiciones de vida que el gobierno se ha dotado de todos los métodos para enfrentarnos: la cooptación, la represión oficial y las patotas y la criminalización de la protesta.
Ahora nos ocupa esta última porque el kirchnerismo a emprendido una nueva avanzada marcada en este momento por la profundización del proceso judicial contra los delegados de Kraft, por la heroica huelga de 2009. Pero ha abierto también un proceso contra dirigentes de izquierda que se solidarizaban activamente con la lucha. Así Néstor Pitrola y otros dirigentes han sido encausados. Esto es un elemento nuevo: ahora se avanza en contra de todos aquellos que se convierten en parte activa de la lucha y en voceros de la misma. Aunque no termina acá la cuestión, porque Pitrola también es dirigente de la oposición de izquierda al gobierno. Esta avanzada no es mas que una muestra de lo que será el modus operandi de los K en la etapa política entrante, en la que se van a jugar a fondo para imponer tarifazos, topes salariales, etc., y haràn uso abundante de este recurso.
Pero éste empecinamiento del gobierno de “gobernar con el código penal en la mano” frente a los luchadores es sólo una cara de la moneda de la ley en manos de los que gobiernan para los que mas tienen, pues la otra se caracteriza por sostener la impunidad para la burocracia sindical que envenena a sus trabajadores o directamente los manda a matar. Por sostener la impunidad de la patotas oficiales y para oficiales que atacan a las huelgas.
Y la situación se oscurece aún más si reparamos en la continua y sistemática violación de los derechos territoriales (expulsión de sus tierras) de la cual son objeto las comunidades aborígenes y campesinas del país. La masacre de los qom en Formosa y el asesinato de Cristian Ferreira son casos emblemáticos de la situación descripta.
En la universidad ahora que los estudiantes están cerca de derrotar el intento de llevar adelante la reforma reaccionaria de rectorado y consejo superior, claros ha salido
Frente a esta realidad este miércoles 23 se hará una Jornada nacional por el fin de las persecuciones judiciales a los luchadores y la libertad de los presos políticos. En Salta Todo un Palo marchará junto a partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos el miércoles, concentrándonos a las 18.30 en florida en S. Martin. Convocamos a todos a participar.
Nos organizamos junto a los trabajadores y todos los luchadores, en contra del accionar mafioso del
gobierno, en contra de la judicialización de la protesta y por el desmantelamiento del aparato represivo.
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