*documento de docentes adscriptos y auxiliares de la carrera de Historia ante las acreditaciones
¿QUE SIGNIFICA “ACREDITAR”?
Significa que los profesorados universitarios, considerados de “interés público” por la Ley de Educación Superior (LES), tienen la obligación de someterse a la evaluación periódica de la CONEAU[1] para poder funcionar.
¿POR QUÉ NOS OPONEMOS?
Porque significaría DAR EL ACUERDO al avasallamiento inconstitucional y antiestatutario de la autonomía universitaria[2]. En este reclamo, TENEMOS EL APOYO del juez federal, Ernesto Marinelli, quien en 1996 declaró la inconstitucionalidad de los artículos relacionados a la acreditación, y así eximió a la UBA de someterse a ella.
Lo señalado no tiene que interpretarse como la defensa “caprichosa” y vacía de la autonomía como un principio abstracto. Ocurre que la CONEAU, es un cuerpo político creado por Menem en 1995 en el marco de la aprobación de la Ley de Educación Superior. La CONEAU – LES se imponen mediante el acuerdo y asesoramiento del Banco Mundial, como parte de las Reformas Estructurales del Estado en los años noventa, con el objetivo de atar las universidades a fuentes de financiamiento privado[3], pero además:
- Degradar los títulos de grado en beneficio de los de posgrado. Es decir, recortar la carrera colectiva y gratuita, y alentar la carrera individual y arancelada.
- Promover los servicios a terceros en las universidades públicas (ver cita 3).
- Achicar el sistema universitario, expulsando a la mayoría de sus miembros hacia el terciario, encadenando a los que queden a las empresas y al poder político[4].
- Vigilar, regimentar y castigar a las universidades que quieran escapar a la homogeneización de contenidos, al principio de eficacia y a la coacción. Requisitos fundamentales para neutralizar a las universidades como histórica fuente de crítica y lucha.
EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN, NO ASEGURA LA “CALIDAD” DE LA ENSEÑANZA
Si fuera así: 1- las evaluaciones no estarían dirigidas al escarmiento, cerrando o dejando de reconocer títulos, 2- los lineamientos de la ANFHE[5] no recortarían los contenidos disciplinares, en beneficio de los pedagógicos, 3- no disminuirían la carga horaria (el Plan 2000 tiene 3040 horas, mientras que el propuesto por ANFHE en su reunión de septiembre de 2011, tiene 2.860), 4- no desvincularía la carrera de Profesorado con la de Licenciatura, escindiendo la enseñanza de la investigación. Como ya se ha señalado en otros documentos, no hay estudios, ni investigaciones que avalen la idea de que mientras más pedagógicas existan en un plan de estudio, mejores profesores egresen. En cambio, sí sabemos que la enseñanza y la investigación como tareas articuladas, promueven un mejor desempeño docente.
Por otro lado, el recorte de contenidos disciplinares, ¿significa también un recorte de los puestos de trabajo?
¿Que pasaría si los lineamientos de la ANFHE son acordes a lo que queremos para nuestras carreras?
No estamos de acuerdo con “acreditar en buenas condiciones”. El procedimiento mismo de la acreditación, como hemos señalado, es violatorio de la Constitución y la Autonomía Universitaria, y se encuadra en un plan político, económico y cultural mucho más amplio dirigido a privatizar, homogeneizar y disciplinar.
El sistema de Acreditación invierte las responsabilidades de la educación universitaria
¿Cómo puede el Estado evaluar la calidad de la enseñanza, amenazando con cerrar carreras o no reconocer títulos, antes de garantizar un presupuesto para el buen funcionamiento de eso que quiere evaluar? Somos nosotros, desde la Universidad, quienes debemos verificar si el Estado cumple con su responsabilidad de garantizar una educación de “calidad”. Es el Estado quien debe rendir cuentas.
El sistema de acreditación es confuso, difícilmente aplicable, y tiende a la no validez de los títulos
Según la CONEAU, las acreditaciones pueden ser cada 3 o 6 años. Si una carrera no acredita, el título de sus alumnos no es válido, ¿de cuales alumnos?, ¿los actuales?, ¿los anteriores a la acreditación? Además, ¿las carreras deberán acreditar cada vez que cambie el personal político que integra la CONEAU (ver la cita 1)?
¿Por qué el 90 y pico % de las universidades lo han aceptado?
Porque por ahora, el Estado ha logrado que una parte de la misma comunidad universitaria crea en la necesidad de la evaluación. Esto se ha logrado mediante la coerción y la amenaza en algunos casos, y del consenso, en otros. Esto significa que, en un futuro no muy lejano, seremos los únicos responsables del desastre al que nos quieren conducir.
¿Que perjuicios traería no acreditar?
¿Qué nuestros títulos no sean reconocidos, y sí, por ejemplo, el de los terciarios? Esto sería inconstitucional, y con el antecedente del fallo Marinelli, es un peligro que queda despejado.
Por otro lado, mediante la perseverancia y firmeza en el reclamo, ya se ha logrado revertir el desfasaje que existía entre el puntaje que la Junta Calificadora de Méritos asignaba a los títulos terciarios y universitarios (el año pasado se asignaba 100 a los dos, hoy se asignan 20 puntos más a los universitarios).
¿Qué no obtengamos los recursos con los que nos chantajean? También sería inconstitucional porque la provisión del presupuesto es una obligación inalienable del Estado. Además, ya se conocen experiencias de facultades que acreditaron y siguen esperando las tres o cuatro computadoras o pesos prometidos.
En definitiva, no acreditar nuestra carrera, nos traería más ventajas que desventajas, ya que protegeríamos nuestros planes de estudio y la Universidad Pública de la degradación y mercantilización planificada. El único perjuicio es acreditar.
A diferencia de lo que ocurre con otras carreras, en Historia corremos con varias ventajas: el debate se ha abierto, la mayoría de los estudiantes y un importante sector de los docentes, se opone a la acreditación. Esto es un gran paso, pero además refleja que otro sector está indeciso de avalar tal catástrofe educativa, y con razón.
Tenemos órganos de cogobierno para discutir la mejora de nuestras carreras y un movimiento estudiantil que históricamente ha luchado y lo sigue haciendo por la defensa de la educación universitaria pública, científica, autónoma y cogobernada.
EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN, POR SUS CARACTERÍSTICAS, ESTÁ DESTINADO AL FRACASO. PERO A SU PASO DEJARÁ MARCAS PROFUNDAS Y REGRESIVAS EN LA VIDA UNIVERSITARIA.
EL MARTES 11 DE OCTUBRE, EN LA ASAMBLEA INTERCLAUSTROS, VOTEMOS POR LA NO ACREDITACIÓN.
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[1] La CONEAU es un cuerpo político dependiente del poder. Está integrado por 12 miembros, entre ellos 3 elegidos por la Cámara de diputados, 3 por la de senadores, 1 elegido por el ministerio de educación, 1 por el consejo de universidades privadas, 1 por la Academia Nacional de Educación y sólo 3 por las universidades.
[2] Viola el artículo 75, inc. 19 de la Constitución Nacional
[3]En un Informe de 1994, el Banco Mundial explicitaba algunos de sus objetivos: “Proveer incentivos a las instituciones públicas para que diversifiquen sus fuentes de recurso, incluyendo mecanismos de costo compartido con los estudiantes, y ligar el financiamiento gubernamental a la performance de las instituciones - Promover una mayor diferenciación de las instituciones, incluyendo el desarrollo de instituciones privadas…”.
[4] Esto tiene continuidad con el gobierno actual. En el Congreso Latinoamericano de Educación de septiembre de 2010, Cristina Fernández dijo, textualmente, que hay que articular el sistema universitario público con el empresariado, que se iba a abrir “la universidad al pueblo”, y se debía generar conocimiento con “valor agregado para la productividad”.
[5] ANFHE: Asociación Nacional de Humanidades y Educación, grupo dependiente de la CONEAU, encargado de la construcción de los “estándares para evaluación de profesorados”
