En la UNSa, como en el resto de las universidades del país, está en marcha el proceso de acreditación de las carreras de grado, como mecanismo de una política deliberada orientada a destruir la formación universitaria en beneficio de los negocios de la educación privada, los postítulos y posgrados arancelados.
En época de crisis y con la reorganización de la educación secundaria bajo los términos de la “nueva” ley de educación kirchnerista, el gobierno y las camarillas universitarias aprovechan para intensificar la presión para someter las carreras de grado a las acreditaciones; como lo demuestran los cambio de plan de estudio bajo las exigencias de la CONEAU de las carreras de Naturales y Exactas; y los renovados esfuerzos porque se acrediten las Humanidades y Sociales, excluidas hasta hace poco tiempo de los planes oficiales.
En el caso de Humanidades este proceso se desarrolla principalmente para los profesorados de Letras, Educación e Historia; y se apoya en la colaboración más o menos declarada de las autoridades y docentes de las distintas carreras, que en todo el país se agrupan en ANFHE (Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación) y CUCEN (Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales)
El Decanato y las autoridades de las Escuelas de la Facultad participan de estas organizaciones, que funcionan por fuera de cualquier órgano de gobierno de las universidades y la autonomía universitaria -eludiendo el control público y principalmente el de los estudiantes-; en ellas, los representantes de las camarillas de todo el país y funcionarios del gobierno toman decisiones sobre lineamientos generales para los próximos cambios de plan (orientación social, contenidos y materias, carga horaria, práctica docente, etc.) con el propósito de “adecuarlos” a las exigencias del gobierno y dejarlos en condiciones de ser acreditados por la CONEAU.
La orientación de ANFHE y CUCEN, el mandato para los acreditadores, como lo hizo público la reunión convocada hace algunas semanas por la escuela de Historia, se traduce en desmantelar los profesorados universitarios: reducir la cantidad de horas de formación disciplinar específica, aumentar la formación general y didáctica, aumentar la cantidad de horas de práctica docente. (DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRE FORMACIÓN DOCENTE DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ELABORADO EN LA 6ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA ANFHE-CUCEN, Ciudad de Buenos Aires, 15 y 16 de marzo de 2011)
Si consiguen imponer esos criterios recibirse será más complicado y todo lo que no se enseñe en las universidades tendrá que ser comprado por los estudiantes como postítulos, que a veces llegan a costar miles de pesos.
Para despejar el paso a esta política privatista el gobierno ofrece como chantaje un aumento en el financiamiento de las carreras que acrediten. Pero la experiencia de Naturales ha demostrado que estos recursos (bajo el título de “proyectos para el mejoramiento de…”) resultaron siempre insuficientes para solucionar los problemas de la formación de los estudiantes. En cambio, sí fueron eficaces para generar entre la docencia una base social pro-acreditaciones: un número reducido que pasaron a depender, y en un grado mayor a medida que se deterioran las condiciones generales de la educación y la docencia, de estos recursos para su formación, la investigación, etc. Ligados a su vez, a otros negocios derivados del proceso privatista (servicios a terceros, posgrados, etc.)
Sin embargo, y aunque el proceso no puede avanzar sin generar crisis y contradicciones entre los docentes, incluso entre ellos y el gobierno, estas disputas tienen un carácter estrecho; por las condiciones y los criterios para el nuevo reparto de horas y cargos impuesto por un cambios de plan, en beneficio de una camarilla u otra. Estas escaramuzas marcan y marcarán la agenda de los “acreditadores”. Los docentes que se oponen a las acreditaciones -si los hay- todavía no han dado un paso al frente para denunciar este proceso y organizarse junto a los estudiantes para rechazarlo. Lo que está claro es que en esas condiciones los docentes son incapaces de defender nuestras carreras.
Por el contrario, lo que sale a relucir cuando los estudiantes intervenimos, como en Química, Recursos Naturales y Biología, o como en Letras e Historia; son los recelos o incluso el abierto cinismo de estos “acreditadotes”, y los que acompañan “críticamente”, para abrir una discusión pública que dé a los estudiantes –el claustro más numeroso de la universidad y el protagonista principal de cualquier proceso educativo- margen suficiente para intervenir en la decisión de cómo orientar las carreras, cambios de plan, contenidos, etc. Menos todavía cuando se trata de definir si queremos acreditar o no. En todos los casos la intervención estudiantil termina por mostrar el envilecimiento de los docentes, en sus criterios mezquinos y maniobras, como instrumentos de la política del gobierno.
La acreditación de las carreras de Humanidades no representa más que un nuevo paso, bajo el ropaje del gobierno “nacional y popular” en la dirección trazada por las políticas capitalistas de décadas pasadas, consagradas en la Ley (Ley de Educación Superior) cuyos resultados están a la vista: la flexibilización de la docencia y el desmantelamiento de la extensión y la investigación universitaria; la devaluación de nuestra formación con los planes de estudios vigentes hasta hoy, para los cuales el presupuesto prometido a cambio de su degradación nunca llegó; las condiciones precarias que enfrentamos cotidianamente.
Los estudiantes debemos estar preparados para tomar una posición independiente de los acreditadores y de sus disputas; para organizarnos en defensa de nuestras carreras y por un mayor financiamiento estatal para la educación, sin ninguna clase de chantaje. Desde su conformación, el frente Todo un Palo (independientes y UJS-PO) ha estado al servicio de esta lucha.
